Redondela, O Porriño, Salceda de Caselas y la Mancomunidad del Val Miñor podrán adelantar en dos meses la contratación de los miembros del Grumir

Los ayuntamientos de Redondela, O Porriño, Salceda de Caselas además de la Mancomunidad del Val Miñor podrán comenzar las contrataciones de los efectivos de los Grupos Municipales de Intervención Rápida (Grumir) nos próximos días, casi dos meses antes del que venía sucediendo hasta lo de ahora.

Hoy se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden de programas de cooperación con entidades locales para lo 2010, en la que se incluye como novedad a posibilidad de contratar a los equipos de manera inmediata para atender urgencias e imprevistos. Así, y sin tener que esperar la que exista una resolución en firme sobre las peticiones, los ayuntamientos podrán contratar los Grumir ya en el mes de marzo. Con una autorización del departamento de Trabajo, remitida de inmediato tras recibir la solicitud, bastará para dar de alta la estos trabajadores sin tener que esperar al mes de mayo, cuando se prevé que se puedan notificar las resoluciones oficiales.

Por lo que respeta a la distribución de los Grumir en la provincia, se mantiene la estructura acordada entre la Xunta y la FEGAMP y que ven funcionando nos últimos años. Esto significa que, en el ámbito de la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo, serán en total tres ayuntamientos, además de la Mancomunidad del Val Miñor, los que dispondrán de este servicio, y cada uno de ellos podrá contratar a un máximo de 12 trabajadores.

Los ayuntamientos que disponen de grupos de intervención rápida en el ámbito de la Delegación Territorial son O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas y la Mancomunidad del Val Miñor (Baiona, Nigrán y Gondomar), lo que suma un total de 48 contratos para trabajadores despedidos en el ámbito territorial.

Este programa me la fuere parte de las ayudas que la Consellería de Trabajo y Bienestar convoca en el marco de los Planes de Cooperación con las entidades locales para subvencionar la contratación de trabajadores y trabajadoras despedidos para la realización de obras o servicios de interés general y social. La financiación que la Xunta destina este año a los programas de cooperación asciende a 41,9 millones de euros y posibilitará la contratación de 4.000 gallegos desempleados.

La orden introduce un nuevo criterio de distribución provincial de créditos, que tendrá en cuenta el mayor esfuerzo inversor que es preciso realizar en numerosos ayuntamientos en aras del necesario equilibrio interterritorial y del principio de solidaridad con los territorios más desfavorecidos.